Seis testigos extranjeros, propuestos por la Fiscalía General de la República (FGR) para brindar sus declaraciones durante el juicio contra el empresario Reynerio de Jesús Flores Lazo, se quedaron fuera del proceso pues no asistirán a la audiencia.
Según uno de los fiscales, los testigos que no asistirán –porque no quisieron o debido a que no les dieron permiso en sus respectivos trabajos– son fiscales, policías y personas naturales que conocieron de primera mano los decomisos de droga que se realizaron en Nicaragua y Costa Rica, entre 2003 y 2008.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador enjuicia actualmente a Flores Lazo por cinco cargos de narcotráfico y dos de contrabando y agrupaciones ilícitas, además de otros delitos. Ayer, cuando el tribunal empezó a recibir las declaraciones de testigos, se le solicitó a la Fiscalía que explicara cuáles testigos llegarían a la audiencia.
Los fiscales explicaron a los jueces de Sentencia que algunos de los testigos, además de los seis ya mencionados, tampoco se presentarán al tribunal pues su declaración ya fue recibida meses atrás como anticipo de prueba.
La inasistencia de los testigos, de hecho, provocó que el juicio se suspendiera ayer por la tarde y su reanudación fuera programada para este miércoles en la mañana.
El Tribunal Segundo de Sentencia ha fijado un mes para desarrollar el juicio. Flores Lazo fue acusado, en marzo de 2008, de movilizar droga, valorada en millones de dólares, a través de transportes de carga de su empresa.
Contrabando
Dos agentes policiales, que en 2007 pertenecían a la División de Finanzas, fueron interrogados ayer acerca de uno de los delitos de contrabando que se le imputa a Flores Lazo.
Según la FGR, en septiembre de ese año, dos pipas de aceite propiedad del acusado ingresaron desde Honduras sin la documentación aduanal respectiva.
Los policías declararon que por medio de la tarjeta de circulación comprobaron que los dos cabezales pertenecían a Flores Lazo. Los remolques estaban a nombre de propietarios distintos: una empresa guatemalteca y el otro a nombre de Bernardo Ricardo Varela Araniva, prófugo en el caso.
Los defensores cuestionaron el hecho de que ninguno de los policías pudo comprobar que los furgones provenían con certeza desde Honduras. Los vehículos cruzaron la frontera de El Amatillo; sin embargo, sostuvo la defensa, el límite entre El Salvador y Honduras está a un kilómetro de distancia de la aduana. Dos motoristas y un acompañante, todos nicaragüenses, así como los dos agentes aduanales, fueron procesados por el caso meses después.