Las reformas a la Ley Penal Juvenil para incrementar en quince años la pena a los menores infractores, continúan en estudio en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales; la cual acordó sostener una nueva reunión previa a la Sesión Plenaria éste miércoles, para estudiar una propuesta que contenga los diferentes aportes de los Grupos Parlamentarios.
Aunque un Decreto Legislativo anterior fue vetado por el Presidente de la República, Mauricio Funes por considerarlo inconstitucional al violentar la ley primaria y algunos tratados internacionales; los legisladores intentan reavivar hoy nuevamente el tema de aumentar las penas a los menores que cometen delitos.
Los distintos Grupos Parlamentarios, a excepción del FMLN, han sostenido acercamientos con el Órgano Ejecutivo para definir los delitos agravantes, por los cuales se les impondrá el internamiento a los sujetos de la normativa.
Sobre los acuerdos sostenidos en la reunión de este lunes para reformar el inciso cuarto del Art. 15, Art.17 y el primer inciso del Art. 18, rondaron las intervenciones de los legisladores. El Diputado Guillermo Ávila, del Grupo Parlamentario ARENA dijo hoy que el Mandatario “no tuvo la asesoría que debía haber requerido”, al momento de Vetar el decreto, el cual a su parecer es “procedente”. Y es que el mismo ha originado un amplio debate político-jurídico en el país.
Mientras que el Diputado Benito Lara, del Grupo Parlamentario FMLN, sostuvo que tanto el Estado como los Grupos Parlamentarios perdieron la oportunidad de consultar con la Corte Suprema de Justicia “la inconstitucionalidad” de lo peticionado con las propuestas de reformas; tal opinión hubiera brindado no solo parámetros para futuras legislaciones, sino también parámetros a los jueces en la aplicación de sus sentencias.
A la propuesta que presentará éste miércoles el Técnico de la Comisión a los legisladores, sobre las reformas a la Ley Penal Juvenil se le incorporará la moción de Diputados de ARENA, en el sentido de reformar el Art.25; en el cual prohíben que los jueces, partes, funcionarios, empleados y autoridades den a la publicidad los datos que posibiliten la identidad del menor, a excepción de que estos se encuentren involucrados en los delitos de narcotráfico, crimen organizado, asesinatos y extorsiones.
Fuente: La Prensa Grafica.