El Congreso de Guatemala aprobó, en una sesión maratónica, dos leyes para combatir al crimen organizado, tras una solicitud de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, en inglés).
Consideradas por organizaciones sociales como vitales para combatir el crimen y fortalecer la justicia, el Parlamento aprobó con meses de retraso las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada y aprobó la Ley de Competencia Penal en procesos de mayor riesgo.
Ambas siguieron el trámite denominado “de urgencia nacional” (que tuvieron una sola lectura) y obtuvieron el voto afirmativo de la inmensa mayoría de los 158 diputados que integran la cámara.
Para la directora de la organización Seguridad en Democracia (Sedem), “el enfoque se debe dar en que se tienen que mejorar las capacidades y con estas decisiones se están sentando las bases para seguir trabajando” contra el crimen organizado, dijo a la AFP.
Entre tanto, el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Mario Minera, se congratuló por la decisión de los diputados al considerar que la Ley de Competencia Penal también conocerá “casos de impacto” que ocurrieron durante los 36 años de guerra civil en ese país (1960-1996), como el genocidio.
“Estas herramientas no solo van a ayudar a la Fiscalía especial como lo es la CICIG, sino que también fortalecerá a las Fiscalías de delitos contra la vida y la de Derechos Humanos, que es la que lleva los casos de genocidio”, indicó a la AFP el activista humanitario.
Entre las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada se establece la potestad de los fiscales de negociar con imputados la suspensión de procesos, rebaja de penas o libertad condicional, a cambio de que cooperen con las autoridades en la persecución del crimen organizado