El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha solicitado a diversos bloques de América Latina que "condicionen" el regreso de Honduras a la OEA a que el país demuestre "con hechos concretos" su disposición a respetar los derechos humanos, anunció hoy la organización en Wahsington.
"En Honduras todavía no se ha restablecido plenamente la democracia ni el Estado de Derecho, de manera que resulta vital que la comunidad internacional de Estados se mantenga vigilante ante los actos que son contrarios a los principios democráticos del continente", sostiene CEJIL en una carta. La misiva fue enviada a los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), al mandatario mexicano, Felipe Calderón, y a los jefes de Estado de la Comunidad de Naciones del Caribe (CARICOM).
Para CEJIL, una de las muestras de la falta de cumplimiento por parte del gobierno de Porfirio Lobo de los acuerdos es el despido de tres jueces de la Corte Suprema de Honduras, así como de una magistrada de la Corte Penal de Apelaciones y un defensor público. Esto "refleja la persecución política contra los operadores de juisticia que se manifestaron en contra del golpe de Estado y fueron críticos de la actuación del poder judicial de ese periodo" y tiene un "efecto intimidatorio" para otros funcionarios, afirma CEJIL.
La organización se muestra asimismo muy crítica con la Comisión de la Verdad creada en el marco del Acuerdo Tegucigalpa-San José y denuncia que tal como fue compuesta "no cumple con los estándares internacionales en materia de justicia transicional y de comisiones de la verdad" porque "no incluye de manera expresa el mandato de investigar violaciones de los derechos humanos", entre otros.
Para CEJIL, las condiciones mínimas que Honduras debería cumplir para que pueda debatirse su retorno a la Organización de Estados Americanos (OEA) pasan por el cese de todo acto de persecución política hacia quienes se han manifestado en contra del golpe de Estado y la revisión de la conformación de la Comisión de la Verdad.
Asimismo, Tegucigalpa debería acatar las recomendaciones del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del pasado marzo y permitir la instalación de una oficina de la Alta Comisionada, además de que los poderes del Estado "se abstengan de hacer nombramientos que fomenten la impunidad de quienes participaron activamente en el golpe de Estado" y que se realicen "acciones concretas para fortalecer la independencia judicial en Honduras".
Varios países del hemisferio llevan meses abogando por que Honduras sea aceptada de nuevo en el seno de la OEA, del que fue suspendida tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya. El propio secretario general del organismo, José Miguel Insulza, se ha manifestado favorable al retorno de Honduras antes incluso de la Asamblea General de la OEA en junio en Lima.
Esta posibilidad sin embargo parece en estos momentos muy lejana debido al manifiesto rechazo mostrado por países como Brasil, Argentina o Venezuela, que incluso amenazaron con ausentarse de la cumbre América Latina-Unión Europea que se celebra esta semana en Madrid a causa de la invitación al encuentro de Lobo, quien finalmente se abstuvo de participar en la cita para que ésta no fuera boicoteada.
Fuente: La Prensa Grafica.