La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para que el gobierno de facto de Roberto Micheletti proteja la vida de unos 100 hondureños amenazados después del golpe de Estado del 28 de junio, incluidos ex ministros, informó ayer una fuente del organismo.
“La Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó el sábado una lista de 85 personas que tienen medidas cautelares, pero la lista se ha ido ampliando y ya hay más de 100”, afirmó el director ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón.
El director llegó con una delegación de la CIDH que verificará la situación de los derechos humanos en Honduras después del golpe, integrada además por Luz Patricia Mejía (venezolana, presidenta), Víctor Abramovich (argentino, vicepresidente), Felipe González (chileno, relator) y Paolo Carozza (estadounidense, relator).
“No venimos a verificar si hubo un golpe de Estado, eso ya fue calificado por la Asamblea General de la OEA el 4 de julio, venimos a verificar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de estado”, explicó Cantón.
La fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, informó que ese organismo “investiga de oficio las muertes de Isis Murillo, Roger Vallejo, Pedro Pablo Hernández y Pedro Muñoz”, registradas en el contexto de la crisis, y otras denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La visita a Honduras de la CIDH se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto de 2009, en la capital y “diferentes regiones del país”, previo a una gira que realizará una comisión de cancilleres a Tegucigalpa en el marco del Acuerdo de San José, propuesta por el mediador y presidente costarricense, Óscar Arias.
Cantón explicó que la CSJ llamó a los que tienen medidas cautelares para coordinar las seguridad que se les puede prestar con guardias o vehículos blindados.