La Corte Suprema decidirá si la familia de Francisco Castañeda, salvadoreño que murió de cáncer en prisión, puede presentar una demanda judicial por daños contra las autoridades federales de salud.
El caso podría tener profundas implicaciones para los médicos, enfermeras y otro personal de salud que trabaja para el Gobierno.
Las autoridades de la prisión le negaron a Castañeda la posibilidad de someterse a una biopsia por una lesión en el pene en los 11 meses que estuvo detenido, pese a la recomendación de varios médicos.
Un juez federal dijo que Castañeda informó al personal de la Agencia de Inmigración y Aduanas que su lesión era más dolorosa y crecía, pero un médico del Gobierno se opuso a que fuera a un hospital.
En 2007, tras la intervención de una organización defensora, fue sometido a una biopsia y se detectó que tenía cáncer. Falleció en 2008, a los 36 años.
El Gobierno federal ha admitido responsabilidad por negligencia médica. La familia de Castañeda también ha enjuiciado a las autoridades médicas por daños, pero el Gobierno dice que la ley establece que se debe aplicar la Ley Federal de Reclamación por Daños y Perjuicios. Bajo esa ley, no pueden concederse daños en contra de individuos, no se permite buscar daños punitivos y el caso no puede presentarse ante un jurado.
Los funcionarios médicos mencionados pidieron a un juez de un tribunal de apelaciones del noveno circuito en San Francisco desechar la demanda, pero un juez de instancias inferiores se ha negado. Las autoridades médicas apelaron a la Corte Suprema, alegando que existe precedente de que otros tribunales federales obligaron a que casos similares fueran desechados al amparo de la mencionada ley.
El Gobierno alega que si se permiten juicios de daños punitivos a individuos, se dificultará el reclutamiento de personal para empleos médicos.
Fuente: La Prensa Grafica.