Una inesperada sentencia judicial dictada en Nicaragua y que permitiría la reelección del presidente Daniel Ortega desató una tormenta en sectores de oposición, que acusaron al Gobierno de “romper el orden constitucional” del país.
Mientras tanto, la Unión Europea (UE), que hace un año suspendió desembolsos por $100 millones a Nicaragua tras denuncias de fraude electoral, anunció que “analizará” la resolución.
El fallo judicial fue emitido por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) proclives al gobernante Frente Sandinista.
La sentencia, dictada en ausencia de los magistrados ligados a la oposición, modifica de facto la Constitución de 1987, la cual prohíbe la reelección continua.
El fallo fue emitido en respuesta a un recurso presentado en favor de Ortega y de 105 alcaldes sandinistas, y por lo tanto solo ellos resultarán beneficiados.
Calificada de “aberrante” e “inaudita” por opositores, la resolución declara “inaplicable” el artículo 147 de la Constitución, que rige desde una reforma de 1995.
“Anoche se produjo una asonada, un golpe de Estado a la Constitución”, expresó el presidente de la Corte, el liberal Manuel Martínez, que no participó en la decisión del vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, y jueces afines.
Solís defendió el fallo y destacó que “ya no hay nada que hacer” porque es inapelable.
El diputado liberal y ex canciller Francisco Aguirre dijo temer que el hecho derive en nuevas sanciones económicas. “Ellos están claramente preocupados y sorprendidos”, dijo después de reunirse con diplomáticos europeos.
El representante de la Comisión Europea para Centroamérica, Mendel Goldstein, no quiso anticipar comentarios, pero dijo: “Tenemos que analizar el tema. Nosotros, la Unión Europea, y me imagino que otros donantes también van a hacerlo, vamos a verlo en los próximos días”.
El diputado Aguirre anunció que una delegación de la Comisión Europea llegará hoy a Managua, donde “se va a encontrar con que ha habido una ruptura del orden constitucional, que violenta la Carta Democrática de la OEA y la Constitución Política de Nicaragua”.
Fuente: La Prensa Grafica.