El primer día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó a investigar la situación en el país, el gobierno de facto de Honduras cuestionó su objetividad y dijo que pudiera traer una visión parcializada.
“Tenemos que tener mucha cautela y no tener grandes expectativas sobre estos informes”, expresó la vicecanciller Martha Lorena Alvarado.
La CIDH inició ayer con una reunión con la Corte Suprema de Justicia e irá a otras regiones para recibir denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio al presidente Manuel Zelaya.
La comisión no tiene previsto hablar con el presidente designado, Roberto Micheletti. “No tienen ningún interés en el gobierno”, se quejó Alvarado.
Una delegación del gobierno de facto de Honduras se reunirá con el adjunto en funciones del Departamento de Estado, Craig Kelly , informó el portavoz Philip Crowley, quien aclaró que se trata de “civiles prominentes” que no pertenecen al régimen de Micheletti.
Por su lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los atentados de este fin de semana contra los principales medios de comunicación escrita de Tegucigalpa.
La organización recordó que desde el golpe de Estado han habido varios atentados contra periodistas y la libre expresión.
