El Congreso de Guatemala sustituyó ayer a tres magistrados de la Corte Suprema cuestionados por una comisión de la ONU que busca terminar con la impunidad en el país. Sin embargo, algunas ONG lamentaron que sigan otros que carecen de independencia para impartir justicia.
El presidente del Congreso, Roberto Alejos, dijo que los diputados acataron una recomendación de la Corte de Constitucionalidad, que sugirió destituir a los jueces cuestionados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por la ONU.
Los magistrados sustituidos son Jackeline España, Elda Nájera y Manuel Pocasangre, pero otros tres nuevos miembros de la Corte cuestionados por la CICIG no fueron reemplazados.
En una acción sin antecedentes, una semana luego de elegirlas, al menos 138 de los 158 diputados del Congreso votaron el jueves en la madrugada una moción según la cual Jackeline España y Nidia Nájera fueron declaradas inelegibles para optar a una magistratura.
El magistrado Manuel Pocasangre renunció tras aparecer entre los seis jueces seleccionados por el Congreso sin idoneidad para integrar la futura CSJ, integrada por 13.
Los suplentes son Luis Pineda, Luis Archila y José Sierra, que estaban entre 26 nominados por una comisión postuladora.
“(Es) un paso positivo pero incompleto. Queremos sanear la Corte y presionaremos moralmente para que los otros tres juristas denunciados por la CICIG renuncien”, dijo Renzo Rosal, de Convocatoria Ciudadana, alianza de unas 50 organizaciones fundada para velar por la limpieza del proceso de elección de las cortes.
Además, el Congreso debía elegir ayer a 90 magistrados de las cortes de apelaciones, de entre 180 abogados presentados por una comisión postuladora, decenas con cuestionamientos.
Fuente: La Prensa Grafica.