Que quede bien claro (..) que el decreto ejecutivo es válido”, argumentó el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, uno de los cuatro magistrados a quienes el domingo se les venció su período, durante una audiencia pública de la Sala Penal de la Corte en Managua.
Cuatro de los 16 magistrados del máximo tribunal terminaron el periodo de cinco años para el cual fueron elegidos por el Congreso.
Sin embargo, Ortega ordenó mediante decreto mantener en sus cargos a 25 altos funcionarios.
Solís, estrecho colaborador del mandatario, reaccionó airado a la petición de uno de los miembros de la Sala Penal, el juez Gabriel Rivera, para que abandonara la audiencia porque “legalmente” había dejado de ser magistrado.
Solís afirmó que seguirá siendo el vicepresidente de la Corte y no permitirá que nadie lo desconozca.
“Vamos a estar aquí presentes, vamos a firmar todas las sentencias, vamos a firmar las actas de las audiencias, quieran o no” los jueces opositores, increpó.
La oposición parlamentaria calificó de ilegal el decreto de Ortega, aduciendo que invade atribuciones del legislativo y advirtió que los funcionarios que acaten la disposición presidencial podrían ser juzgados en el futuro por usurpación ilegal de cargos.
Fuente: La Prensa Grafica.