El Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca, La Paz, aceptó en calidad de anticipo de prueba tres cintas magnetofónicas que contienen información relacionada al caso de la niña Katya Miranda.
La menor fue asesinada en abril de 1999, en la playa Los Blancos. Aunque el caso por el homicidio está cerrado, la Fiscalía mantiene activo un proceso judicial contra el abuelo de la pequeña, Carlos Miranda, y otras personas por el delito de secuestro agravado.
Una prueba principal de la acusación fiscal es la declaración de un testigo con criterio de oportunidad, llamado “Camila”, quien confesó haber participado y delató a otras personas que supuestamente colaboraron en el ilícito.
Sin embargo, la defensa asegura que el testigo tiene información del caso porque, a mediados del año 2000, el ahora declarante fue contratado como investigador privado por parte de Walter Badía, yerno de Miranda.
“Producto de dicha contratación, el ex investigador privado y ahora testigo protegido se desplazó a la zona donde sucedió el hecho criminal (...) Esta defensa pretende probar que el origen de la versión de los hechos que proporciona el testigo es falsa, pues la información que proporciona jamás le constó y la mayor parte de la misma fue producto de la investigación que realizó en la zona”, reza la solicitud que el abogado Luis Peña presentó ante el tribunal.
La Fiscalía se opone a esa diligencia. Primero, dice que la función de recolectar prueba es competencia de ese ente y después argumentó una posible contaminación o manipulación de las grabaciones. “Solo posterior a la legal obtención y recolección de los objetos por parte del ente público encargado de la investigación y de garantizar la respectiva cadena de custodia se habilita la posibilidad de realizar un análisis.”
Fuente: La Prensa Grafica.