La posibilidad de superar el veto del presidente de la República, Mauricio Funes, al incremento de siete hasta 15 años de prisión a menores infractores de entre 16 y 18 años se mantenía en vilo ayer, ante la negativa del PCN y el grupo legislativo GANA de adherirse a la iniciativa de FMLN y ARENA, más el apoyo de Orlando Arévalo, que sumarían 55 votos.
La reforma al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil, aprobada por 76 votos en la plenaria del 13 de febrero, fue vetada por Funes argumentando que la modificación violaba dos artículos de la Constitución de la República.
Funes manifestó que la reforma violentaba los artículos 35 y 144 de la Carta Magna. El primero relacionado con las responsabilidades del Estado en la defensa de los derechos de la niñez, mientras que el 144 establece las obligaciones del Estado para cumplir convenios internacionales.
Diputados del FMLN y ARENA, sin embargo, han insistido en que cualquier violación constitucional la defina la Corte Suprema de Justicia, en lugar de tomar como válidas las argumentaciones de Casa Presidencial.
“El veto del señor presidente es un veto mal enfocado, no hay ningún argumento válido en materia de inconstitucionalidad, eso lo hemos estudiado”, manifestó el dirigente del FMLN y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
Según el diputado de izquierda, la decisión de Funes “posiblemente pueda ser inconveniente o desajustada a su estrategia de combate a la delincuencia, pero eso no la hace inconstitucional”.
El diputado arenero y presidente de la comisión de legislación y puntos constitucionales, Guillermo Ávila Qüehl, manifestó que hay motivos suficientes para votar contra el veto.
El primero de ellos es que no existen violaciones constitucionales en lo resuelto por el Órgano Legislativo. Sin embargo, manifestó que la reforma a la ley aprobada por el parlamento envía un mensaje contra la delincuencia juvenil, en el sentido de que el Estado ya no va a ser tolerante con situaciones que permiten la impunidad.
Sobre el argumento de la inconstitucionalidad, Ávila Qüehl dijo que es mejor que lo dirima la Corte Suprema porque ahora mismo hay varias opiniones y, para el caso, citó a FUSADES, que ha externado la constitucionalidad de la medida.
Estado dividido
El Partido Demócrata Cristiano, en la voz de su secretario general, Rodolfo Parker, manifestó que superar el voto significa confrontar con el poder Ejecutivo, y esa imagen de división genera la idea de debilidad del Estado.
Para Parker, el mejor mensaje es que los tres poderes del Estado den muestras de unidad para combatir a la delincuencia.
Ávila Qüehl no considera que la diferencia de opinión con el Ejecutivo sea necesariamente negativa porque está demostrando más bien independencia de poderes.
En el PCN, la posición definida del diputado Antonio Almendáriz para revertir el veto se ha visto limitada por su ausencia de la Asamblea en la presente semana, debido a problemas de salud.
Almendáriz, un activo promotor del endurecimiento de leyes para combatir la delincuencia, se comunicó el lunes con Ávila Qüehl para ratificarle su apoyo a revertir el veto y la postura fue retomada por el suplente.
Sin embargo, el coronel estará incapacitado por enfermedad hasta el domingo, por lo que no estará en la plenaria de hoy.
Y este miércoles, el diputado Mario Ponce recalcó que la ausencia de varios de los líderes pecenistas —entre ellos Ciro Cruz Zepeda (jefe de fracción), Roberto Ángulo y el diputado Rafael Machuca— había impedido tomar una decisión, además de plantear la inconveniencia de que Legislativo y Ejecutivo inicien una confrontación de este tipo.
Desde Washington, el presidente Funes dijo el martes que ARENA y el FMLN todavía tenían “tiempo de rectificar”.
Fuente: La Prensa Grafica.