La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) considera que el presidente de la República y los diputados de la Asamblea Legislativa deben evaluar a profundidad las repercusiones que puede tener en la juventud salvadoreña el incremento de las penas de cárcel a menores de entre 16 y 18 años de edad, aprobado en la última sesión plenaria, previa a las vacaciones de Semana Santa.
“Nos da un poquito de miedo cómo se va a interpretar la ley”, manifestó Ana Julia Escalante, subdirectora de la CDHES, una organización con fuerte protagonismo en la defensa de los derechos humanos durante el conflicto armado de los ochenta.
Para Escalante “los jóvenes siguen siendo estigmatizados” por la sociedad y se les atribuye buena parte de los problemas de criminalidad que enfrenta el país.
La CDHES no se pronuncia por un veto presidencial a la reforma de la Ley Penal Juvenil, pero pide que se medite profundamente sobre su aplicación y que se recuerde “la trayectoria y las experiencias anteriores” en ese campo.
Según Escalante, la falta de una política de rehabilitación y de reinserción de delincuentes a la sociedad continúa siendo la gran deuda de la sociedad.
La Asamblea Legislativa aprobó un nuevo decreto de reforma a la Ley Penal Juvenil que establece aumento de penas hasta de 15 años de cárcel para delitos graves.
Antes de que se aprobó la reforma, el presidente Mauricio Funes había dado su respaldo a la nueva redacción, luego de que vetó un primer decreto tras argumentar que violaba la Constitución de la República en derechos de la niñez.
Fuente: La Prensa Grafica.