Las obras iniciadas de un embarcadero con capacidad para más de una veintena de lanchas en el parque turístico Las Veraneras, frente a la playa Los Cóbanos (Sonsonate), deben ser removidas a causa de una resolución reciente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El documento, confirmado por el magistrado de la sala Florentín Meléndez, reseña en uno de sus puntos: “Vuelvan las cosas al estado en que se encontraban... se invalida la mencionada autorización... tomar las medidas restaurativas correspondientes ante los daños medioambientales que se hubieren ocasionado”.
El caso en la CSJ inició en 2007, a raíz de un amparo que la entonces rectora de la Universidad de El Salvador (UES), María Isabel Rodríguez, interpuso en contra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debido a la supuesta violación del derecho a un medio ambiente sano al haber otorgado permiso ambiental de construcción en la zona de Los Cóbanos, conocida por sus yacimientos de coral y fauna marina.
En ese momento, el Instituto de Ciencias del Mar (ICMARES) de la UES habló de “daños irreparables”, como 19,000 toneladas métricas de roca muerta, que eran refugio de especies, producto del dragado en la zona.
“Esta área no se puede tocar más por orden de la sala, y este es un precedente importante que estamos sentando para que se actúe con responsabilidad frente al medio ambiente de una vez por todas en el país”, dijo Meléndez.
Por su parte, la actual viceministra del MARN, Lina Pohl, manifestó: “Vamos a acatar las disposiciones de la Corte, vamos a hacer un proceso de revisión, si es posible, o no hacer esta revocatoria del permiso. Nuestros abogados están evaluando de qué forma tenemos que proceder”.
Pese a que se buscó la versión de la UES, así como de la empresa Jordan S. A. de C. V., involucrada en la construcción del embarcadero en el parque turístico, estos no pudieron ser localizados.
Meléndez explicó que los responsables de asumir la restauración de daños al área natural son “todos los involucrados”, es decir, la constructora, el MARN y la empresa dueña del parque.
El magistrado añadió que la resolución del amparo es firme y que son otras instituciones las que podrían pronunciarse e investigar acerca del caso, en el cual se determinó que se violentaron procesos para el otorgamiento del permiso ambiental. La viceministra Pohl dijo que se evaluaría la deducción de responsabilidades.
Fuente: La Prensa Grafica.