La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió la segunda demanda de inconstitucionalidad contra la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, una norma especial en vigor desde enero de 2007, la cual permitió la creación de los juzgados Especializados en el país.
Hay una “violación del derecho al juez natural”, dicen los demandantes, porque usa términos vagos, excesivamente abiertos o indeterminados en la definición de los tipos de delitos que son juzgados.
“(Hay) violación del principio de igualdad en la formulación de la ley, por ausencia de razonabilidad de la diferenciación orgánica jurisdiccional y procedimental que constituye el objeto esencial de la ley (inconstitucionalidad total)”, reza la demanda presentada el 5 de enero pasado por los abogados Miguel Ángel Flores Durel, Lidia María Ferman y Roberto Carlos Ferman.
Es la segunda demanda contra esa ley. Según el sistema informático de la Sala de lo Constitucional, el 2 de marzo del año pasado, el abogado Néstor Oswaldo Pineda Meléndez presentó la primera queja por supuestas ilegalidades de la norma. Ese mismo mes, los magistrados advirtieron errores en el escrito y previnieron al demandante.
Tras una enmienda, el 19 de junio de 2009, admitió la demanda contra la ley. La sala ya corrió traslados a la Asamblea Legislativa y al fiscal general de la República para que se pronuncien sobre las supuestas ilegalidades de esa ley.
Ahora, la segunda demanda ataca la totalidad de la ley y algunos aspectos puntuales, como disposiciones que supuestamente violan el derecho de defensa de los procesados. Una de esas vulneraciones, dicen los demandantes, es que la ley faculta a los fiscales a la autorización de operaciones encubiertas. El otro punto que se objeta de la ley es permitir la incorporación por lectura de las diligencias policiales: “Se vacía de contenido la garantía de prueba en juicio como requisito indispensable de una condena”.