Las luces de alerta sobre el lavado de dinero cometido por ex funcionarios de ANDA estaban encendidas desde 2004. Una secretaria que ganaba $684 se compró un rancho de playa en $22,000, burócratas realizaron transferencias hacia Panamá por $140,000 en 48 horas sin que los bancos lo advirtieran como una operación sospechosa (la ley especial obliga a reportar a la Fiscalía cualquier transacción múltiple que, en un mismo día o mes, exceda los $57,142).
“Es un hallazgo muy interesante, muy importante. En apariencia sí constituye un indicio de lavado de dinero.” La frase salió de boca del ex fiscal de la UIF Nelson Mena, un 25 de marzo de 2004. El expediente, sin embargo, pasó cinco años en los escritorios fiscales.
¿Hay una omisión de los ex fiscales generales Belisario Artiga y Félix Safie? Al fiscal antilavado Arturo Magaña le parece una interrogante insólita: “Eso no te lo podría decir, lo que sí te podría decir es que comenzamos la investigación a raíz de lo que dijo el Tribunal Tercero de Sentencia y no sé si seré el facultado para decírtelo, pero me parece extraña la pregunta”.
La orden judicial para indagar a Orellana surgió en 2007, tras la condena de Carlos Perla por corrupción.