El pedido guatemalteco era voluminoso y fue recibido por la Fiscalía General (FGR) a inicios de marzo. Días antes, los investigadores de ese país habían confirmado que el ex diputado salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira era perseguido por la autoría intelectual de cuatro asesinatos: el de tres parlamentarios salvadoreños y su motorista.
Los 37 puntos en los cuales los guatemaltecos estaban interesados se han escurrido entre la nada, al pasar casi un año sin haber recibido respuesta de las autoridades salvadoreñas. Lo confirma el fiscal del caso diputados en Guatemala, Edwin Marroquín.
El 2 de marzo de 2009, un documento de varias páginas —que especificaba las 37 solicitudes, entre antecedentes penales y policiales de Silva Pereira y de su esposa, indagaciones de números telefónicos, por mencionar algunos— pasó por Cancillería y posteriormente fue remitido a la Fiscalía General (FGR).
Ahí, la Unidad Contra el Crimen Organizado (UNICCO) se hizo cargo de diligenciarla. El 3 de marzo, al día siguiente, el jefe de la unidad, Rodolfo Delgado, aseguró: “Creemos que vamos a poder contestar esta asistencia en el menor tiempo posible. Estimamos un tiempo máximo de unas tres semanas para cumplimentar toda la información, considerando que nos la han solicitado certificada”.
Desde Guatemala, el fiscal Marroquín contestó hace no más de una semana (el 9 de febrero vía telefónica) que “solo está pendiente que nos remitan una asistencia legal de El Salvador”, cuando se le preguntó qué elementos hacían falta en el proceso judicial.
El miembro del Ministerio Público (MP) de Guatemala agregó que hasta la fecha no han recibido ninguna información referente a Silva Pereira.
El ex diputado pecenista fue acusado formalmente en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal de la ciudad de Guatemala por cuádruple asesinato en febrero de 2009, dos años después que los legisladores del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) Eduardo D'Abuisson, Ramón González, William Pichinte y el motorista de este último, Gerardo Ramírez, fueran asesinados en una zona rural guatemalteca en las cercanías de la frontera con El Salvador.
Según la hipótesis del MP, Silva Pereira planeó el asesinato motivado por venganza política al haber sido desaforado por la Asamblea Legislativa en 2006, cuando un proceso por blanquear unos $10 millones provenientes de licitaciones corruptas se perfilaba en su contra. Su esposa y su suegra ya habían sido capturadas por los mismos cargos.
Para ejecutar las muertes, reseñan las indagaciones del MP, Silva Pereira se habría ayudado de “amistades”, como la que mantenía con su homólogo guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, alias “Manolillo”, detenido en su país desde agosto de 2008 acusado de cuádruple asesinato.
Las solicitudes sin eco
El 11 de febrero recién pasado se intentó abordar al jefe fiscal de la UNICCO para conocer el porqué de la tardanza en enviar la asistencia judicial a Guatemala. Delgado se limitó a decir “no voy a hacer comentarios al respecto”. Al solicitarle la información al fiscal general, Romeo Barahona, este esquivó la pregunta manifestando “no estoy actualizado con el caso”.
La tardanza en el proceso contra 15 personas que habrían participado como autores materiales e intelectuales en el asesinato de los diputados del PARLACEN no solo ha sido retrasado por el nulo envío de la asistencia judicial. Una lluvia ha caído sobre la Corte de Guatemala por parte de los abogados de los acusados. (ver nota aparte).
Por otra parte, Silva Pereira se encuentra detenido en la prisión de Florence, Arizona, Estados Unidos, por haber ingresado de forma ilegal a ese país y con dos peticiones de extradición sobre su cabeza: la de Guatemala —que llegó antes— y la de El Salvador, enviada tardíamente hasta el año pasado pese a que se solicitaría desde 2007.
Aunque a mediados del año pasado trascendió que este habría sido beneficiado con una solicitud de asilo político —fundamentada en que en El Salvador no tendría un juicio justo—, la Embajada de Estados Unidos en el país lo desmintió. Una llamada entre el ex diputado y el fallecido líder de ARENA Adolfo Tórrez fue usado por la defensa del primero para alegar persecución política.
En la llamada telefónica, Tórrez le solicitó a Silva medio millón de dólares para “limpiarlo” de cargos por lavado de dinero en el país.
Las peticiones de Guatemala, detalló la FGR en 2009, estaban contenidas en buena parte en el proceso judicial por lavado de dinero: registro de bienes muebles e inmuebles, vehículos (con documentación de aduana incluida, según petición del MP), aeronaves y hasta gasolineras. Los fiscales guatemaltecos pidieron saber, además, si Silva Pereira fue indagado por narcotráfico o tráfico de personas.
El MP, de hecho, solicitó información de dos parientes de apellido Martínez, quienes según la FGR ayudaban a Silva Pereira en el tráfico de personas.
El ex diputado ya había sido mencionado en documentos de inteligencia policial como ligado al narcotráfico en el oriente del país, y con cercanías —y hasta intercambio de cheques— con algunos de los miembros de Los Perrones, específicamente con el prófugo Óscar René Molina Manzanares, procesado por evasión de impuestos y lavado de dinero.
Fuente: La Prensa Grafica.