El Estado salvadoreño reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, Costa Rica, que no ha cumplido en su totalidad la sentencia que le ordena tomar acciones por los casos de niños desaparecidos durante el conflicto armado, ni con la investigación por el asesinato del empresario Ramón Mauricio García Prieto y las amenazas en contra de su familia.
La CIDH realizó ayer dos audiencias. Por la mañana, el Estado y los querellantes discutieron el caso de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, desaparecidas en 1982 durante un operativo militar en Chalatenango. Por la tarde, analizaron el cumplimiento de la sentencia que la Corte pronunció hace dos años por el caso de García Prieto, asesinado en 1995.
Gisela de León, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dijo que en el primero de los casos la posición del Estado fue señalar algunos avances en el cumplimiento de la sentencia, pero también “reconocer que ha habido algunos problemas” para la creación de una página web y un sistema de información genética para la búsqueda de niños desaparecidos durante la guerra.
Ayer se intentó contactar al representante del Estado, David Morales, pero al cierre de esta nota la cancillería salvadoreña no había respondido a la solicitud de información.
De León dijo que durante la audiencia el Estado presentó como punto a su favor la creación de una comisión nacional de búsqueda de niños desaparecidos y un convenio para la atención psicológica para la familia Serrano. Esa medida fue anunciada por el presidente de la República, Mauricio Funes, durante la celebración del 18.º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.
Pese a esas iniciativas estatales, la abogada de CEJIL considera que el Estado no ha acatado lo resuelto por la Corte hace cinco años: “Nuestra posición es que no se ha cumplido. Lo más importante para nosotros es el tema de la justicia, establecer dónde están las niñas. Pedimos que (la Corte) llame la atención enérgicamente al Estado”.
Finalizadas las dos audiencias privadas, la CIDH se pronunciará sobre el caso hasta la próxima semana. De confirmarse incumplimientos, la Corte estaría fijando nuevos plazos para el cumplimiento de obligaciones específicas por parte del Estado.
Fuente: La Prensa Grafica.