La magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rosa María Fortín, encargada de la organización de la entrada en vigor de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), reveló que mientras no exista una sanción presidencia del decreto que da vida a los juzgadores aplicadores del instrumento ni siquiera puede nombrarse a los jueces. La ley está programada para entrar en vigor el 15 de abril.
“Me hace falta tener la certeza de si el presidente (Mauricio Funes Cartagena) sancionó o no el decreto de creación de los tribunales porque mientras no sepamos si está sancionado no puedo pedir ternas (de jueces), eso nos puede generar algún desfase”, admitió la magistrada Fortín.
El director del Instituto Salvadoreño para la Protección de la Niñez y Adolescencia (ISNA), Luis Salazar, fue más lacónico al contestar que “no, no salen a tiempo” la implementación de los tribunales.
La magistrada Fortín dijo por su parte que espera salir con el tiempo programado, y que pese a que aún no están seleccionados los jueces “se pueden nombrar interinamente”.
La funcionaria judicial añadió que por el momento no se ha planeado hacer mayores contrataciones y se echará mano de algún personal existente en juzgados de Paz y de Familia.
Para el director del ISNA, incluso debería aprobarse otra reforma que permita “una transición ordenada”.
Salazar teme que de trasladar de forma inmediata a los juzgados los “30,000 expedientes de protección (que existen en el ISNA actualmente), lo podemos hacer colapsar sin una debida articulación con el Órgano Judicial”.
El director añadió que ya está solicitando un refuerzo de $10 millones al Ministerio de Hacienda, pero que este no contemplaba la implementación de la LEPINA.
Fuente: La Prensa Grafica.