La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer a un tribunal de justicia contra mafias del oriente del país que imponga reserva total al proceso judicial que abrió para investigar el origen de $10.2 millones encontrados enterrados en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
“Estamos pidiendo la reserva total en el caso y es con el objetivo de garantizar la eficacia en las investigaciones que vamos a desarrollar”, explicó un fiscal de la Unidad Antinarcotráfico que habló con reserva de su identidad.
La fuente precisó que un tribunal Especializado de San Miguel conocerá del caso por tener en el proceso “investigaciones que determinan algunas acciones que tienen que ver con esa jurisdicción” especializada.
La Fiscalía recordó que la reserva judicial fue “creada para aquellos casos en los cuales se pueda advertir un tipo de consecuencias futuras contra testigos, imputados, partes en el proceso”. La reserva está encaminada, además de resguardar identidades, a lograr que las “personas que pudieran estar colaborando lo puedan hacer con absoluta seguridad” durante las fases del proceso judicial.
El ministerio público presentó ayer en la tarde ante el mismo tribunal antimafia la acusación formal contra el único detenido, para quien solicita detención provisional por el delito de casos especiales de encubrimiento previsto en la Ley contra Lavado de Dinero y Activos.
“Estamos solicitando imposición de medidas (instrucción formal con detención provisional). Vamos a solicitar una serie de diligencias encaminadas a robustecer nuestro caso en cuanto a la participación de esta persona en el delito”, advirtió el fiscal.
La Fiscalía también se apresta a realizar el análisis al dinero incautado, así como a efectuar las anotaciones preventivas de las propiedades, para lo cual busca información sobre los inmuebles.
La anotación preventiva –dijo la fuente– pretende que mientras dure la investigación no se haga ningún movimiento en las propiedades, así como solicitar que estas sean traspasadas al Estado.
“Vamos a hacer lo que la ley establece; es decir, efectuar algunas anotaciones preventivas” de las propiedades”, detalló el informante.
El ministerio público también realizará una serie de entrevistas a testigos que le permitan “obtener más elementos en el terreno”, dijo la fuente fiscal, quien también reveló que ayer terminó el trabajo de campo en la hacienda El Recolado, donde fueron encontrados los narcobarriles, pero aclaró que el inmueble sigue custodiado.
La Fiscalía dijo que la custodia de los $10.2 millones decomisados está a cargo del Banco Central de Reserva (BCR). “La custodia (del dinero) está a cargo del Banco Central de Reserva y ellos son los responsables. Nosotros tenemos un título valor de garantía de que ellos nos están resguardando el dinero”, detalló el agente fiscal.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, explicó ayer en la entrevista “Frente a Frente” de TCS que el dinero podría servir para el combate interinstitucional del narcotráfico y lavado de dinero.
Fuente: La Prensa Gráfica