El fiscal general de la República, Romeo Barahona, se reunió ayer con las operadoras de telefonía para definir el rol que estas tendrán una vez funcione el centro de escuchas telefónicas destinado para el combate del crimen organizado y el narcotráfico.
“Fueron temas generales, compartimos las disposiciones de la ley que faculta a la Fiscalía a pedir esa colaboración a los operadores (de telefonía)”, explicó Barahona al final del encuentro.
La agenda entre el jefe del ministerio público y los ejecutivos de las compañías de telefonía trató todo lo relacionado al registro de los abonados, las bitácoras de llamadas y los procedimientos que se van a seguir cuando entre en funcionamiento el centro de intervenciones.
La Ley Especial de Intervención a las Telecomunicaciones, aprobada en febrero pasado por la Asamblea Legislativa, estableció que el centro de escuchas telefónicas funcionaría seis meses después de su vigencia, plazo que vence el próximo jueves 23.
Barahona y las empresas también hablaron sobre la prohibición de los números sin identificación de llamadas entrantes (locales o internacionales), el perfil de la persona de enlace entre las operadoras y el centro, y las medidas de seguridad que deben tener las intervenciones telefónicas.
La legislación especial “prohíbe la utilización de mecanismos que no permitan el registro de la identificación del emisor de la comunicación en los sistemas de los operadores, ya sea que la comunicación se origine localmente o en el extranjero”.
La Fiscalía, sin embargo, está a la espera del presupuesto especial de $22 millones solicitado al Ejecutivo para el financiamiento del centro de escuchas. Los recursos servirán para pago de planilla de personal, compra de equipo tecnológico y del inmueble.
Pese a no tener financiamiento, Barahona confía en que el centro funcionará este mes. La Asamblea ha descartado la posibilidad de otorgar una prórroga para la entrada en vigor del funcionamiento del referido centro.