El proceso de vista pública está planeado para durar dos meses, en los que se conocerán los diferentes puntos de vista de los involucrados en el caso.
La vista pública del caso por contaminación ambiental contra Baterías de El Salvador —conocida como Récord— será instalado a partir del próximo 12 de abril y hasta el 11 de junio, según informó Luis López, abogado querellante.
López explicó que este proceso llevará mucho tiempo, ya que en él intervendrán todos los testigos, entre ellos algunos afectados y los expertos que realizaron los estudios respectivos.
Aseguró que tan solo la querella tiene por el momento 25 testigos, más los que presente la contraparte defensora.
Además, dijo que el lunes esperan hacer una conferencia de prensa para dar a conocer detalles de la nueva demanda que quieren interponer contra la compañía Baterías de El Salvador.
Esta querella se presentaría como una respuesta a la de la defensa, que el pasado 27 de enero se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar al ex ministro de Salud Guillermo Maza.
La acusación interpuesta es por el presunto uso de pruebas falsas durante el proceso del cierre de la fábrica, que había sido acusada de contaminación por plomo.
Durante la audiencia preliminar, que pudo instalarse finalmente en julio del año pasado después de cinco aplazos, la defensa ya afirmaba que Maza estuvo al tanto de que los resultados de los estudios estaban alterados.
En ese entonces, se dijo que el CDC (Centro para el Control de las Enfermedades, por sus siglas en inglés) de Atlanta avisó al Ministerio de Salud que habían alteraciones en los resultados obtenidos de entre 50 y hasta 1,000 unidades más de los resultados que podían ser posibles.
Según defendió en ese momento Miguel Arturo Girón, el problema se debió a un error de cálculo que arrojaba resultados imposibles.
“Y ahí tienen a 1,700 personas que creen que están contaminadas con plomo”, aseguró en esa ocasión el abogado.
En la audiencia preliminar también se pidió, por parte de la Fiscalía, una restitución de parte de la empresa de $3,964 millones, lo que representaba más que el presupuesto del país durante el 2009. Según dijeron, ese era el costo de restituir los problemas de salud de los habitantes y las tierras cercanas de la zona de San Juan Opico que supuestamente se vio afectada por la fábrica.
El proceso se entablará en contra de Hugo Reynaldo Trujillo, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito, procesados por el delito de contaminación ambiental. Ellos tres fungían como ingenieros encargados de distintas áreas dentro de la fábrica.
Además, aún se busca a tres imputados: Ronald Antonio Lacayo, Sandra Cecilia Lacayo y José Ofilio Gurdián, parte de la directiva de la compañía que no ha podido ser llevada ante la justicia.
Por el momento, hay una cuenta de $141 millones congelada en un banco como una de las medidas preventivas que fueron solicitadas en marzo de 2007.