¿Por qué no se ejecutó la orden de embargo por $5.7 millones en contra de Raúl García Prieto? ¿Quién falló? La Fiscalía General de la República (FGR) prefiere no pronunciarse sobre el tema y dos instancias judiciales dicen desconocer por qué el Centro Nacional de Registro (CNR) no anotó preventivamente la matrícula de los inmuebles.
Una resolución que data de enero de 2003 ordena el embargo contra Raúl García Prieto y siete personas más relacionadas con las irregularidades en la compra venta y los créditos del ingenio El Carmen. Cinco ya fueron exonerados definitivamente, uno está prófugo (el ex gerente del BFA, Juan Antonio Martínez), y solo dos están pendientes de una casación en la Corte Suprema: García Prieto y Héctor Cristiani.
En teoría, si el proceso judicial contra García Prieto, Cristiani y Martínez sigue abierto, la orden de embargo continúa vigente. En la práctica, esa decisión preventiva nunca se hizo efectiva. De hecho, en 2006, cuando ya era prófugo y con una condena de siete años por defraudación a la economía pública, el ex presidente del BFA, García Prieto, vendió uno de sus terrenos en el estero de Jaltepeque. El notario ante quien se realizó la compra venta niega que cometió anomalías en esa transacción (nota aparte).
Durante una semana se pidió una entrevista con el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, pero no se pronunció sobre el caso. El Juzgado Quinto de Instrucción dijo que una vez emitido el auto se informó al CNR, pero desconocen el seguimiento al caso. El expediente, dijeron, está en la Sala de lo Penal.
Fuente: La Prensa Grafica.