La sentencia en estudio en la Corte cuenta con la contestación de la Fiscalía, que consideró constitucional el artículo 191 penal.
Como constitucional, en sus incisos segundo y tercero, consideró la Fiscalía General de la República (FGR) el artículo 191 del Código Penal, en su contestación a la demanda que en 2007 el empresario Roberto Bukele promovió ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El asesor jurídico de la FGR, Mario Yohel Chacón, confirmó que durante el traslado de la demanda –efectuado en junio de 2009– el entonces fiscal general en funciones Ástor Escalante “contestó que la norma que se estaba invocando era constitucional”.
La demanda, interpuesta en julio de 2007, pretende que los incisos segundo y tercero de dicho artículo se declaren inconstitucionales. En estos se plantea que la crítica periodística no está sujeta a penalización.
Chacón explicó que la fundamentación de la contestación se dio basándose en la Constitución de la República –mismo instrumento que invocó Bukele en la demanda, por supuesto daño al honor y la intimidad–, así como en tratados internacionales y sentencias de inconstitucionalidad de la Corte.
Parte de los instrumentos internacionales que se tomó en cuenta para la elaboración del traslado es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especificó el asesor, utilizada en la demanda para defender el derecho al honor y la intimidad.
“La fundamentación es que el artículo es constitucional porque en un Estado democrático existe la libertad de expresión”, agregó el asesor jurídico.
El artículo 191 fue reformado en 2004 –a iniciativa del Órgano Legislativo– y ello implicó la despenalización de la crítica periodística de forma más específica. Parte del inciso segundo reseña: “... No son punibles los juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística (...), ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos por quienes ejerzan el periodismo mediante noticias, reportajes (...)”.
La decisión de ley que la CSJ está analizando ha levantado debate en los últimos días, luego de que el jefe de la PNC de San Miguel, Mario Amaya, hizo público que se planea limitar la cobertura periodística en hechos de homicidios, y responsabilizó a los medios de comunicación de la desconfianza de la población hacia las autoridades policiales, debido a los “mensajes” que estos envían.
Parte de las medidas planteadas es aumentar el cordón de las escenas del crimen.
Fuente: La Prensa Grafica.