El incremento de la pena máxima a los menores que incurran en delitos graves que fue aprobado el jueves por los diputados, incluyendo a los del FMLN, no es algo que se encuentre firme.
El presidente de la República, Mauricio Funes, quien manifestó que el incremento a las sentencias fue algo inconsulto con el ejecutivo, dijo ayer que analizará vetar la medida mediante la cual se reformó la Ley Penal Juvenil.
El veto depende del resultado de una comisión que, según anunció Funes ayer, estará conformada por su viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos, el titular de la Academia Nacional de Seguridad Pública y ex jefe de la Oficina Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Martínez; y por la presidenta del Consejo de Seguridad Pública y ex jueza de Ejecución de Medidas al Menor, Aída Santos de Escobar.
Funes dijo ayer por la tarde en Casa Presidencial que esta comisión tiene como fin escuchar a los jueces para conocer si están o no de acuerdo con el incremento de siete a 15 años en la pena máxima, y que tomará en cuenta los resultados del informe de la comisión para sancionar, vetar u observar el decreto legislativo cuando éste llegue a sus manos.
Santos de Escobar, jueces, el titular del ISNA y el director de la PNC se han mostrado en contra del incremento de la pena, con el argumento de que no resuelve el problema de la delincuencia.
Los funcionarios plantean que la medida saturará las cárceles de menores y que el Gobierno debería enfocarse en reeducar a los menores antes que endurecer las penas contra lo mismos.
Primera dama opina
La secretaria de Inclusión Social y primera dama de la República, Vanda Pignato, señaló ayer que cree que debió hacerse una consulta más profunda en el caso del aumento de las penas para menores. Se abstuvo de opinar si la medida es buena o mala.
“No es posible que entren como delincuentes y salgan peores” debido a las carencias de planes estratégicos para la para la reinserción, aseveró.
El procurador adjunto de Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, dijo que se podría sugerir “con todo respeto” al presidente Funes que tome en cuenta parámetros técnicos y de derechos humanos cuando el decreto llegue a sus manos. El funcionario dijo que el decreto, aunque no viola la Convención de Derechos del Niño, “no es una solución”.
Fuente: La Prensa Grafica.