La iniciativa de los diputados de oposición de bloquear el despido de empleados estatales se topó con la negativa del presidente de la República, Mauricio Funes.
El mandatario anunció ayer que ha vetado el decreto legislativo que buscaba prorrogar los contratos por un año, pero anunció que creará una comisión que se encargará de investigar los procesos de despidos aplicados en los diferentes ministerios y entidades del Gobierno Central.
“El decreto ha sido vetado y para ser superado necesita mayoría calificada; será la Asamblea Legislativa la que decidirá si lo supera o no lo supera”, dijo Funes en Ahuachapán, luego de la entrega de el primer desembolso a personas beneficiadas con un programa gubernamental.
El jefe de Estado argumentó que el veto obedece a que el decreto aprobado por los diputados de oposición en el parlamento iba en contra de la misma Constitución de la República, que establece la separación de los poderes. “Independientemente del espíritu que motivó a los diputados a aprobarlo, un decreto como este constituye una intromisión en las decisiones del Ejecutivo”, sostuvo.
Comisión investigadora
Los cesados, sin embargo, tendrán una oportunidad de retornar a su trabajo a través, según dijo el presidente, de la creación de una comisión de evaluación de la gestión gubernamental que tendrá como primer objetivo analizar la decisión que ha tomado cada ministro, titular de una autónoma o dependencia del Gobierno Central, para poder determinar si se ha actuado con justicia o si, por el contrario, han predominado otros intereses, especialmente de tipo político, según el presidente.
“Los despidos que no se justifiquen quedarán sin ninguna validez, sin ningún valor legal. Este servidor se encargará personalmente de restituirlos”, prometió.
Esta comisión, que será anunciada por el mandatario en los próximos días, estará integrada por un representante del Ministerio de Hacienda, otro del Ministerio de Trabajo, uno más de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y un cuarto miembro de la Secretaría de Asuntos Legislativos.
El mandatario ha invitado además al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, a que integre la comisión especialmente porque fue él quien la propuso. “Me gustaría que participara porque (la comisión) fue idea de él”, reconoció.
Funes, sin embargo, ignoró la petición del procurador, quien basándose en el artículo 168 numeral 1 de la Constitución le había solicitado sancionar el decreto.
El mandatario adelantó que a muchos de los cesados no se les reinstalará, especialmente debido a que sus plazas fueron cerradas porque “eran innecesarias” y en otros casos porque la salida de los empleados obedeció a “mal desempeño” de sus labores.
Y mientras el presidente anunciaba el veto a la iniciativa presentada por el diputado arenero Roberto d'Aubuisson, varias dependencias del Estado informaban a muchos trabajadores la finalización de sus contratos.
Estas escenas se vivieron en ministerios como Gobernación, Relaciones Exteriores y Obras Públicas, así como otras dependencias, entre ellas el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), la Defensoría del Consumidor y la Dirección de Centros Penales.
Fuente: La Prensa Grafica.