Esos casos se dividen de la siguiente forma: 494 amparos, 354 hábeas corpus y 104 procesos de inconstitucionalidad.
“Es urgente que la Asamblea cumpla con su mandato constitucional de elegir a los magistrados de la Corte, porque está en juego la libertad de muchas personas y de aquellas que puedan interponer demandas”, señaló el magistrado Marcel Orestes Posada.
No solo peligra la resolución de amparos. Según lo han manifestado varios magistrados de diferentes salas, están a la deriva las licitaciones de equipo informático para el Instituto de Medicina Legal (IML), mobiliario, equipo de oficina y una póliza para bienes.
Otra de las consecuencias de la acefalía de la institución es el riesgo para la remodelación de la sala de autopsias de Medicina Legal. El órgano Judicial también debe cancelar $883,000 antes del 15 de septiembre para recibir combustible para sus vehículos.
En 1994, la Corte enfrentó una acefalía por casi dos meses. En aquel momento, la Asamblea Legislativa autorizó un decreto transitorio para que los gerentes del máximo tribunal de justicia pudieran autorizar pagos en el organismo.
“Estamos en desorganización y está siendo atacada la seguridad jurídica. De continuar esta situación, las cosas podrían complicarse porque hay más licitaciones que deben resolverse”, mencionó Posada, quien el lunes pasado abogó porque los medios de comunicación accedieran, por primera vez, a la reunión de magistrados de la CSJ.