La jueza ejecutora nombrada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recomendó en un hábeas corpus el cese del arresto domiciliar que pesa contra el ex gerente general de ANDA y testigo criteriado en varios casos de corrupción, José Mario Orellana Andrade.
El ex funcionario está bajo custodia policial desde mayo de 2004, cuando confesó su participación en los delitos de negociaciones y asociaciones ilícitas. Orellana Andrade presentó el hábeas corpus el 31 de julio de 2009, días después de que logró salir de la penitenciaría de Metapán por un caso de lavado de dinero.
El 17 de septiembre del año pasado, el ex gerente presentó un segundo escrito ante la Sala de lo Constitucional, en el que solicitaba agilizar la admisión y el estudio de su caso. La Sala de lo Constitucional admitió la queja y en noviembre de ese año nombró a una jueza ejecutora.
“Ella concedió la razón al hábeas corpus que hemos planteado, una situación jurídica que tiene que ver con la violación a su libertad ambulatoria. En su recomendación se pronuncia por el cese de la medida cautelar (el arresto domiciliar)”, confirmó uno de los abogados de Orellana, Miguel Flores Durel.
Luego del informe de la jueza ejecutora, los magistrados pidieron que la Fiscalía se pronuncie. Esa institución ya respondió y el caso está en estudio de la sala para tomar una decisión definitiva. “Lo que nos queda es esperar”, dice el abogado.
Al banquillo
Mientras la Sala de lo Constitucional continúa analizando la queja, el ex gerente de ANDA tendrá que regresar a los tribunales. El próximo 23 de marzo enfrentará una audiencia por lavado de dinero, delito que habría cometido cuando utilizó las cuentas bancarias de sus familiares para depositar sobornos que pagaron varios contratistas para ganar licitaciones.
La Fiscalía decidió procesar a Orellana dos años después de que el Tribunal Tercero de Sentencia consideró que su testimonio fue irrelevante en la condena que pesa contra Carlos Perla.
Orellana, por su parte, defiende que se le acusa por los mismos hechos que confesó y matiza que ha declarado en otros casos de corrupción. Sus abogados ya respondieron al dictamen de acusación en el que plantean una nulidad absoluta del caso por doble persecución, y han solicitado sobreseimiento definitivo (cierre del caso).
La Fiscalía reconoció que no tiene la investigación completa por un conflicto de competencia entre dos juzgados —el Segundo y el Noveno de Instrucción se declararon incompetentes para resolver el caso— y ha solicitado una exoneración provisional que le daría un año más para investigar.
Fuente: La Prensa Grafica.