La jueza Segunda de Menores de San Salvador, María Isabel Ponce Gallardo, reiteró ayer que su decisión de ordenar a la Fiscalía la investigación contra LA PRENSA GRÁFICA se fundamentaba en la legalidad. Descartó utilizar las pruebas del asesinato de Carlos Fernando Garay porque, aseguró, la Fiscalía le presentó fotocopias.
“Esos erróneos señalamientos hacia mi persona lo que han hacho es proferir opiniones que además de aumentar el ataque hacia mí, dan a conocer a la comunidad conocedora del derecho, el desconocimiento que estas personas tienen de la Ley Penal Juvenil y otras disposiciones legales aplicables”, lamenta la funcionaria.
Ponce Gallardo, a través de la unidad de prensa del centro integrado judicial, hizo llegar un pronunciamiento de cuatro páginas en el que reitera que su decisión está fundamentada en la Carta Magna, la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Ley Penal Juvenil.
La jueza explica nuevamente que la decisión “es para saber quién o quiénes fueron los responsables” de que se publicara la identidad del menor “y posiblemente se vulnerara su intimidad”.
“Si yo hubiera actuado a la ligera, como considero que han sido las opiniones de aquellos que no conocen ni el expediente ni la Ley Penal Juvenil, estuviera investigando al fotoperiodista como muchos aseguran, persona que considero no tiene nada que ver en el asunto”, dice la funcionaria en su escrito bajo el título “A los medios de comunicación, juristas, empresarios y público en general”.
Y luego agrega: “Si con todo lo anterior aún se cree que yo he cometido un error, porque no soy infalible, me someto en primer lugar a Dios, que es el juez justo, y en segundo lugar al juez terrenal objetivo”.
La Fiscalía objetó la petición de la jueza bajo el argumento de que esta debió primero desarrollar lo establecido —para este caso— en la Ley Penal Juvenil. “Nuestra respuesta inicial ha sido que ella (la jueza) debe agotar un procedimiento ad hoc en estos casos que ya establece la Ley Penal Juvenil”, dijo Néstor Guzmán, titular de la Subdirección de la Defensa de los Intereses de la Sociedad.
El Salvador denunció ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el caso. Hoy, la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES) brindará una conferencia sobre el exhorto de la SIP a los jueces y juezas a defender el derecho a informar.
Fuente: La Prensa Grafica.