El inicio del último cisma entre los fiscales contra el crimen organizado y el Juzgado Séptimo de Instrucción se remonta al 26 de marzo de 2009. En esa fecha, tres procesados por tráfico de personas, supuestos integrantes de la banda Los Perrones, se quejaron de acoso y coacción por parte de investigadores.
Según la denuncia, los protagonistas del hostigamiento en los penales de San Miguel y La Unión eran fiscales y policías de la División Élite contra el Crimen Organizado. En el oficio 917, dirigido al fiscal general, el juez Miguel Ángel García Argüello solicita que se realicen las diligencias requeridas por los imputados, “las cuales deberán hacerse en presencia de sus defensores, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, IDHUCA y FESPAD”.
El escrito agrega que en el plazo de 10 días los fiscales deben presentar al tribunal la entrevista de los tres afectados y del director del penal de San Miguel, quien confirma que las autoridades llegaron a ese recinto. El fiscal Vicente Rivas reprocha que el juez está ordenando diligencias de investigación, algo que no es de su competencia.
“El juez no se limitó a dar aviso a la autoridad correspondiente de investigar si había algún delito o no, sino que comenzó a realizar acciones encaminadas en contra de la representación fiscal. Un juez que denuncia a una parte pierde total imparcialidad y objetividad”, recrimina.
Marlene Quintanilla, la secretaria interina del juzgado, aclara que esa instancia judicial en ningún momento ha presentado denuncia contra los fiscales. El artículo 312 y 332 del Código Procesal Penal, dice, obliga al juez a que al “momento de tener conocimiento de un probable ilícito debe informarse a la Fiscalía. No es una denuncia solamente, es haciendo del conocimiento a la Fiscalía los hechos denunciados ante este tribunal por los imputados”.
Pero los fiscales mantienen su batalla legal para sacar del Juzgado Séptimo de Instrucción el expediente contra Wilfredo Reyes, un empresario unionense acusado de dirigir una red de traficantes de personas hacia Estados Unidos. Él ya fue absuelto en el Juzgado Especializado de San Miguel, pero tiene cuatro casos pendientes –que se habrían cometido antes de la entrada en vigor de una ley especial contra el crimen organizado– en el juzgado capitalino.
En ese juzgado también se procesó a Fredis Osmín Escobar e Israel Bonilla Granado. En el primero, los fiscales lograron llevarse el caso a otro tribunal; y en el segundo, el procesado fue exonerado provisionalmente. Ahora, con el caso de Reyes, dicen los fiscales, están teniendo los mismos obstáculos. “Hemos visto resoluciones no apegadas a derecho. Lo que más nos preocupa es no contar con un juez imparcial, perjudica al proceso, pues la misma representación fiscal se encuentra atada de pies y brazos, prácticamente el juez se convierte en un defensor”, dice Rivas.
Miguel Flores Durel, defensor de Reyes, dice que los argumentos que los fiscales esgrimieron ayer ante la Cámara Primera de lo Penal no encajan en ninguno de los impedimentos que contempla la norma penal. “La petición (de separar al juez) es más personal que procesal”. El abogado agrega que para la recusación del juez han presentado prueba impertinente. Por ejemplo, resoluciones de procesos anteriores vinculados con el caso de Los Perrones.
Rivas justifica: “En los tres casos hemos tenido fricciones con el señor juez, porque él no le ha dado agilidad al proceso”. Escuchados los argumentos, los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal decidieron que mañana darán a conocer su resolución sobre la separación del juez.