El plazo solicitado de dos meses —y que aún no arranca— para realizar una consulta sobre la ley, sumado a las declaraciones dadas por el presidente Mauricio Funes sobre que no le interesa “perseguir a los corruptos”, ha generado más desconfianza entre los representantes del grupo promotor de la ley de transparencia y acceso a la información.
“Se quieren atar tantos temas que esperamos que el resultado no sea para bajarle calidad... No podemos prejuzgar el resultado, pero cuando vemos mensajes como las declaraciones del presidente, nuestras dudas se incrementan”, afirmó Claudia Umaña, directora del departamento legal de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
“La palabra clave es preocupación. Iba avanzado y era de esperarse que pronto se aprobará y ahora hay un atraso”, agregó René Fortín Magaña, representante del Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional (IIDC), al enfatizar que en estos momentos es “urgente” esta ley porque se está hablando de nuevos créditos, de un pacto fiscal y de la necesidad de transparentar el uso de los recursos del presupuesto. “Los funcionarios son los mandatarios, y en este caso no nos equivocamos: quien tiene la autoridad somos los mandantes que somos nosotros y por tanto tenemos el derecho de saber qué hacen con los funcionarios públicos con esos recursos”, dijo.
“Vemos un retroceso y hay que decirlo claramente: es falta de voluntad política por llevar a cabo que este proyecto se convierta en ley de la República y eso se está viendo”, expresó Raúl Melara, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quien incluso recordó que el Ejecutivo se comprometió a finales de 2009 en impulsar un plan nacional de transparencia, un plan que el sector privado sigue esperando, afirmó.
Entre los miembros del grupo promotor está creciendo la inquietud de que si todos los políticos, incluido el presidente desde la campaña, se comprometieron con una ley de transparencia, como es que ahora el Ejecutivo, a través de la subsecretaría de Transparencia, solicita un plazo para consultar un proyecto que ya había sido analizado con otros sectores y había logrado el consenso de los principales partidos políticos.
¿Qué parte de la sociedad somos que no tiene validez para presentar un anteproyecto de ley suficientemente fuerte?”, cuestionó por su parte Rafael Domínguez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), al referirse a que la subsecretaría de Transparencia iniciará —aún no se sabe exactamente cuándo— una consulta, porque considera que la ley todavía debe contar con más opiniones para que se fortalezca.
Para Domínguez otra de las preocupaciones es que esta consulta estará a cargo de un experto español en administración del Estado, y cuestiona que España no tiene ley similar. “Parece que la preocupación es más sobre las perspectivas administrativas, conveniencias de reducir costos y no se trata de las conveniencias del Ejecutivo ni del Estado, sino del derecho de la población para acceder a la información”, agregó.
Por su parte, Raúl Torres, representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), dijo que el primer escollo han sido los diputados, y aunque reconocen el derecho de la consulta del Ejecutivo, el grupo promotor quiere dejar en claro los puntos en que no hay posibilidad de negociación o cambio. Estos son los principios de máxima publicidad, de información no oficiosa y los criterios de reserva de la información. “Que se produzca una propuesta suficientemente técnico que no adelgace los elementos mínimos que debe tener esta ley”, debería, según Torres, ser el resultado de la consulta, que todavía así califica de “mala señal”.
Kalena de Velado, también de LIDERA, dijo que la gente ya está cansada del “cinismo”, de que se diga que en este país toda va bien, por lo que instó a que el grupo haga promoción de la importancia de esta ley entre todos los ciudadanos de la calle.
Fuente: La Prensa Grafica.