La empresa privada también se inclinó ayer para que el Gobierno mantenga en las calles la presencia de los efectivos militares, pero piden algunas reformas legales que le garanticen a los militares mayor participación en el combate delincuencial.
Jorge Daboub, presidente de la Cámara de Comercio y vicepresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), propuso, en ese sentido, la posibilidad de crear una ley temporal, una ley contra el crimen organizado, que le dé más potestades en seguridad pública a los militares.
“Podría ser por seis meses, por un lapso X, que le permita los instrumentos para tener esa acción afectiva”, dice, al agregar que esto claramente confirma que la PNC tiene “serias deficiencias” que deben ser resueltas por las autoridades de Seguridad.
Con esta ley, dicen, se le pueda dar al Ejército la potestad de detener a delincuentes, pero esa potestad ya se la concede el Código Procesal Penal, que le permite detener en flagrancia y también participar en procedimientos policiales como investigación e identificación de sospechosos.
Y aunque reconocen que la presencia de los efectivos no ha disminuido los índices delincuenciales, ahora el sector privado y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) defienden el rol “disuasivo” y la “percepción de seguridad” que brindan los militares a la población, y piden al presidente Mauricio Funes considerar esto para tomar una decisión de continuidad de la medida, que vence este 6 de mayo.
“Creo que la gente, sin lugar a dudas, se siente protegida a donde los ven... La percepción es que está ayudando, pero no tenemos cifras para poderlo evaluar”, manifestó Antonio Cabrales, presidente de FUSADES.
Raúl Melara, director ejecutivo de ANEP, también habla de sensaciones y percepciones que deben considerarse al momento de evaluar la presencia del Ejército en las calles. “Tenemos la sensación de que si el Ejército no estuviera en las calles los índices se hubieran elevado un poco más”, dice.
Sin embargo, el sector privado está claro que los crímenes y las extorsiones siguen al alza, y la oferta que la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) recibió ayer del ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, tras una reunión, fue la creación de una ventanilla para que los empresarios denuncien las extorsiones. Según la ASI, solo en 2009, el sector privado gastó $400 millones en seguridad privada.
Ahora, la ASI se suma a la petición de que se analice la continuidad del Ejército, pero que también se revise “el marco operativo de la institución” para que estas puedan tener mayor injerencia en las actividades antidelincuenciales, expresó Javier Ernesto Simán, presidente de la gremial industrial.
A eso, sumaron la petición de que se le dote de más presupuesto para que continúen los patrullajes, ya que si bien reconocen que el efecto “disuasivo” es difícil de medir, no se puede negar el aporte logístico que la Fuerza Armada le da a la PNC.
“En Santa Ana, por ejemplo, nos decían que no había gasolina para las patrullas, y el Ejército les dio gasolina... Sí hay apoyo logístico real y eso hace diferencia”, reforzó Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.
Fuente: La Prensa Grafica.