El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) estimó ayer que la mora judicial en el área civil y mercantil aumentará en 37,805 nuevos casos por la prórroga que los diputados aprobaron al nuevo procedimiento que se aplicará en esa materia.
A petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), institución que argumentó presupuesto insuficiente, el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil entrará en vigor hasta el 1.º de julio de 2010. Esa ley estaba prevista para implementarse el 1.º de enero, pero tras un recorte de los fondos que se le asigna cada año el máximo tribunal dijo que no tenía los $7.6 millones para la infraestructura y otra logística.
La Judicatura dice que no estuvo de acuerdo con la prórroga, y considera injustificable alegar falta de fondos. “Creo que se pudieron haber hecho los esfuerzos para que se implementara, se hubiera considerado la creación gradual de juzgados, podría haberse implementado por zonas así como se ha hecho en otros países, como Argentina”, dice la consejera Nora Montoya.
El compás de espera del nuevo código, insiste la funcionaria, les preocupa. Según las estadísticas de la Judicatura, los 39 juzgados con competencia civil, mercantil, de menor cuantía y primera instancia mixto apenas resuelven el 36.5% del total de casos que reciben en un semestre.
La última evaluación del CNJ indica que de los 37,805 casos que ingresaron, los juzgados solo tuvieron capacidad de resolver 13,828. A eso se debe sumar procesos pendientes de años anteriores. En el Juzgado Primero de lo Civil de Santa Ana, por ejemplo, los evaluadores encontraron un caso que data de 1956. Es decir, 53 años en espera de justicia.
A los 37,805 casos que podrían ingresar en el próximo semestre se deben sumar los 140,000 procesos pendientes de antes de 2007. En promedio, necesitarían 88 años para ponerse al día.
“El cambio al sistema oral obliga al juez a resolver en plazos, le presentan el caso y resuelve en el momento. Ese cambio en el área penal vino a quitar la mora”, reitera Montoya.
Corte defiende prórroga
Por su parte, el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán, no solo defendió la prórroga otorgada para con la legislación de procedimientos civiles y mercantiles, sino que también rechazó que ello vaya a provocar más mora en la administración de justicia.
“Si el CNJ cree que para ejercer la jurisdicción no se necesita dinero, entonces hay que probar si para capacitar (jueces) no se necesita dinero. Los recursos (económicos) son necesarios” matizó el magistrado. Guzmán, por otra parte, no cree que haya más mora judicial por la prórroga.
Fuente: La Prensa Grafica.