El mismo día que una alta funcionaria estadounidense le pidió a la Fiscalía muestras de un combate efectivo contra el crimen organizado, el empresario de La Unión Wilfredo Antonio Reyes Martínez logró sortear una acusación por tráfico de personas, agrupaciones ilícitas y amenazas. Él y sus abogados estaban contentos con el resultado que lo deja librado —con este— de dos procesos judiciales. El anterior fue por evasión.
El Tribunal Especializado contra el Crimen Organizado en San Miguel decidió absolver al imputado de todos los delitos, ayer, casi a las 11 de la mañana. Entre los argumentos que brindaron está la falta de credibilidad a dos agentes policiales encubiertos que, según la hipótesis fiscal, habrían sido testigos de las negociaciones que Reyes establecía para trasladar personas.
La ausencia de veracidad que la sede judicial dio a los agentes —aspecto que fundamentó en el supuesto estado de embriaguez en el cual estos permanecían en algunas ocasiones— dejó fuera del proceso 35 actas policiales efectuadas por los policías.
Además, un análisis de bitácoras de llamadas tampoco fue tomado en cuenta por el tribunal. El fundamento brindado fue que este fue presentado en copia simple, y no certificado; y que el único documento en original era el oficio que la compañía telefónica dirigió a la Fiscalía.
Además, el juez Rodolfo Castillo —quien fue nombrado para conocer el caso luego que la FGR recusara al titular del tribunal, Enrique Beltrán— dijo que se habían violentado derechos y garantías de los imputados.
Algunos de los testigos aportados, y que poseían identidad protegida, fueron clasificados por el Tribunal como “referenciales”. La FGR lamentó que estos no fueran tomados en cuenta, ya que fueron presentados para relatar cada uno de los casos de traslado de personas hacia Estados Unidos (ver nota aparte).
Reyes Martínez ya había salido bien librado el 2 de diciembre pasado de otro proceso judicial en su contra por evasión al fisco, por más de $200,000.
Ese día, el supuesto miembro de la banda de Los Perrones aceptó pagar por cuotas de entre $17,000 y $18,000 mensuales. El monto total a cancelar —intereses incluidos— es de cerca de $323,000. Para el jefe fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Rodolfo Delgado, ello implica una aceptación del delito. La defensa dijo en su momento que ello era una “estrategia”.
Fuente: La Prensa Grafica.