Procurar que el país cuente con una ley de ordenamiento territorial es la siguiente meta que se han puesto los diputados del congreso salvadoreño, pero solo tras ver los estragos y destrucción causados por las lluvias de un fin de semana.
Ahora, a más de dos años de dejarla engavetada, los parlamentarios la consideran “clave” para prevenir desastres, ya que la misma permitiría definir las zonas de riesgo y delimitar cuáles áreas son las adecuadas para construir y cuáles para desarrollo productivo, entre otros puntos.
“Es importante que el país cuente con una ley de ordenamiento, ya que la misma establece las zonas de riesgo y aquellas que sí son aptas para habitar, además obligaría a los municipios a respetar esos parámetros”, señaló Lorena Peña, secretaria de la junta directiva de la Asamblea.
Sin embargo, esta normativa —que ya tenía el visto bueno de la comisión hace unos meses— regresó a la misma tras la presión del sector privado y las quejas de partidos como ARENA y PDC, que identifican en ella medidas que la hacían “irrescatable” y que criticaban el poder que se le daba a entidades como la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), dirigida por Hato Hasbún.
Ahora, ellos también hablan de los beneficios de una ley como está para reducir la vulnerabilidad de asentamientos o ciudades. “Se pretende ordenar a través de este instrumento de planificación, ya que determinará los sitios propicios de construcción. Se pretende planificar racionalmente el uso del territorio”, dijo Mario Valiente, secretario de la comisión de municipalismo.
Por su parte, Mario Ponce, presidente de la comisión y quien fracasó en un intento por tener esta ley aprobada hace unos meses, dice que esta es una “responsabilidad histórica”. “Es una herramienta fundamental. El país la necesita para lograr ordenar el territorio, las comunidades... Asumimos esta responsabilidad histórica para evitar que se sigan construyendo edificios y colonias en zonas de alto riesgo y para evitar que se siga cometiendo abusos al medio ambiente”, dijo.
Ponce agregó que de llegarse a aprobar la ley, los alcaldes tendrán un año de plazo para implementar la normativa y presentar los respectivos planos, que permitirán delimitar cuáles serán las zonas destinadas al desarrollo habitacional, al comercial y al industrial, así como zonas protegidas.
Hoy por hoy, municipios diseminados en todo el país cuentan con planes de ordenamiento territorial municipal, pero los mismos no han sido aplicados ni respetados a su cabalidad. San Salvador es una de las ciudades que desde 1997 cuenta con un plan. “Es importante contar con una ley, pero también hay que trabajar para que esta se cumpla. Hay que evitar la corrupción”, dijo Valiente, parlamentario de ARENA.
Compás de espera
El anteproyecto de ley está entrampado desde hace dos meses, pero esta semana la comisión de municipalismo acordó dar un plazo de 15 días a los gremios y sectores que objetaron la normativa para que presenten sus observaciones y propuestas en busca de lograr el consejo y bajarla al pleno a corto plazo. “Les estamos pidiendo a todas esas gremiales y sectores que nos manden por escrito cómo les gustaría que quede el artículo o los artículos con los que no están de acuerdo; no se quiere seguir dándole largas al asunto”, dijo Valiente.
Parlamentarios del PDC y gremiales pidieron transparentar el concepto de “función social de propiedad” que establece la ley, por lo que la misma fue retirada del pleno.
Fuente: La Prensa Grafica.